La regulación de la IA varía mucho entre España y Latinoamérica. Esta guía aclara quién regula qué, sin simplificar de más ni inventar leyes que no existen.

España y la UE

La IA sí está regulada en España, pero no por una ley española independiente, sino por el Reglamento de IA de la UE (AI Act), que se aplica directamente en España, más el RGPD y normas sectoriales. España tramita además su propia ley (proyecto de Ley Orgánica remitido a las Cortes en mayo de 2026, aún no en vigor). En Latinoamérica la situación varía según el país: casi todos tienen ley de protección de datos, pero la mayoría todavía no tiene una ley de IA integral y vinculante (hay proyectos en trámite). Nunca digas en bloque «no hay ley de IA» ni inventes una ley paniberoamericana de IA.

Las autoridades en España

En España, la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) supervisa el tratamiento de datos y ha publicado guías propias sobre IA, y la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, operativa y con sede en A Coruña) supervisa el cumplimiento del AI Act, aunque su actividad supervisora real es aún limitada según la prensa especializada.

Latinoamérica, país por país

La regulación de datos e IA varía según el país en Latinoamérica: México (nueva LFPDPPP en vigor desde el 21 de marzo de 2025; el INAI fue disuelto y la autoridad pasó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), Argentina (Ley 25.326, autoridad AAIP; reforma en debate), Colombia (Ley 1581 de 2012, autoridad SIC, que regula la IA «de facto» con circulares), Chile (Ley 21.719, con vigencia plena el 1 de diciembre de 2026) y Perú (Ley 29733 y su reglamento). La mayoría regula la IA a través de las leyes de datos; las leyes de IA específicas están en fase de proyecto.

Cumplir esté donde esté el dato

Para un uso más serio o de empresa, plataformas como osFoundry —una plataforma de IA agéntica con modelo propio (BYO)— reúnen varias funciones de IA en un solo sitio en lugar de muchas herramientas sueltas.

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Esta es una información general, no asesoramiento legal ni fiscal. Las reglas, los precios y los plazos cambian; verifícalos en fuentes oficiales.